Las Cortes acuerdan la creación de una Unidad de Ortoprótesis de referencia en Aragón
Las Cortes de Aragón han acordado una serie de medidas para la mejora de la calidad de las prestaciones y de la atención de las personas amputadas tras aprobar en la sesión plenaria celebrada este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Izquierda Unida en esta materia.
Se trata de una iniciativa defendida por el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ante la “discriminación” que sufren las personas amputadas en el territorio si su situación se debe a un accidente que tenga cobertura de un seguro, como puede ser un accidente laboral, o si se debe un percance doméstico o por enfermedad común y ante los problemas a los que se enfrentan estas personas.
Problemas en la rehabilitación con la prótesis, ante la falta de actualización del catálogo relativo a las prótesis de extremidades, también en la devolución por parte de la administración del pago que estas personas deben adelantar, o los plazos para el cambio de la prótesis.
Otro de los asuntos que la formación política ha trasladado ha sido que los grandes amputados tienen al menos un reconocimiento del 33% y no es hasta que se avanza en el proceso rehabilitador cuando se puede definir el grado definitivo, que podría mejorar si hay condiciones cubiertas.
“Las personas amputadas deben esperar mucho tiempo para el acceso a bonificaciones que necesitan en un inicio como las adaptaciones del hogar o de los vehículos. Además hay otras situaciones como la prolongación del permiso maternal cuando el bebé nace con discapacidad que no requiere del certificado de grado de discapacidad para que se dé”, ha explicado Sanz.
El texto completo que ha sido aprobado recoge la creación de una Unidad de ortoprótesis de referencia, especializada para la rehabilitación y seguimiento de las personas amputadas; garantizar por parte del Sistema Público de Salud la supervisión de los encajes y la certificación del ajuste para que se autorice el pago y se dé por finalizada la prótesis.
También se incluye en el texto solicitar a la Universidad pública de Zaragoza que, en pleno ejercicio de su autonomía, valore la procedencia de incorporar un estudio sobre ortoprótesis que responda a las necesidades de actualización de personal rehabilitador y de las ortopedias. Al igual que incorporar en el catálogo de ortoprótesis el concepto de mejora por el cual, se debe permitir al paciente acceder a otro producto mejor del prescrito, pagando la diferencia y no la totalidad del producto.
Asimismo, la eliminación de los plazos de renovación de productos y que los cambios se produzcan a demanda con justificación médica; mantener en la Orden que regulan las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica, el derecho a elegir ortopedia dentro del territorio estatal.
Finalmente, se insta al Gobierno español a debatir, en la Comisión de Seguimiento de valoración del grado de discapacidad coordinada por el IMSERSO y según lo recogido en el apartado 4 del artículo 9 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, la procedencia de habilitar un reconocimiento provisional del 33% de grado de discapacidad para los grandes amputados a partir de un informe médico tras la amputación.
Fuente: ARAINFO