Un policía cordobés que perdió una pierna en un accidente lleva a juicio al Estado para volver a trabajar
La vida de Rafael Prieto cambió radicalmente el 29 de septiembre de 2015. Policía nacional en Córdoba, la noche de aquel fatídico día iba a celebrar su cumpleaños con su pareja, Lourdes Osuna, pero nunca llegó a la cita. Sólo recuerda que circulaba con su moto para llegar a casa y arreglarse. Sin embargo, en una recta a la altura del puente de San Rafael de la capital cordobesa, la moto del joven colisionó frontalmente contra un coche.
El primer parte médico decía el joven había fallecido. Pero sobrevivió al accidente y únicamente perdió su pierna izquierda. Cerca de tres años después, lucha por volver al Cuerpo Nacional de Policía a pesar de que los tribunales médicos le han denegado su petición.
El próximo 18 de octubre llevará al Estado ante la Justicia para que sea la vía contencioso-administrativa la que decida sobre su futuro.
Desde que saliera del hospital, Prieto puso todas sus miras en conocer los últimos avances tecnológicos para conseguir la mejor prótesis que sustituyera a su pierna. Y dio con ella.
Pero su precio era elevado, y tuvo que emprender una campaña de recogida de fondos a través de eventos benéficos en la que participaron cientos de personas.
En apenas ocho meses, el policía consiguió su prótesis y 30 días después fue sometido a un primer tribunal médico de la Dirección General de la Policía Nacional, que le dio la categoría de 'segunda actividad'. En aquel examen, Prieto todavía no portaba su prótesis ya que debía someterse a una compleja preparación.
Aquel tribunal le dio de plazo un año para «ver qué pasaba», cuenta María Enrique Tapiador, abogada del joven. «Lo único que podría ocurrir era que mejorara en el diagnóstico médico y que Rafael llevara una vida totalmente normal», declara su abogada.
Un año después, sin embargo, el segundo tribunal médico no sólo no lo declaró apto para volver al cuerpo, sino que decretó su pase a la jubilación.
En su defensa, Prieto presentó un informe realizado por un médico especialista en valoración de Medicina del Trabajo que, a través de un estudio bipodal, «vio la intensidad de la pisada de Rafael y llegó a la conclusión de que puede realizar una vida normal e, incluso, hasta dar carreras».
Sin embargo, el tribunal médico no tuvo en cuenta este informe, hecho que denuncian tanto Prieto como su abogada, que no entienden por qué el pase a jubilación no está argumentado.
Tapiador asegura que hay infinidad de puestos de trabajo que Rafael puede desempeñar, «como puede ser dentro del Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información, que se dedica a la investigación».
Su abogada recuerda, además, que la ley recoge «el derecho de los Policías Nacionales a continuar en activo hasta la edad de jubilación, pasando a realizar actividades adecuadas a sus condiciones psicofísicas en el caso de que sufran una disminución de las mismas, con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos». «El Estado no se puede permitir perder un funcionario como Rafael que ama su trabajo y que lucha por superarse día a día», concluye Tapiador. Prieto camina con total normalidad y se prepara en el gimnasio todos los días para afrontar con plenas capacidades psicofísicas su regreso al cuerpo.
Fuente: El Mundo.